Esta seria mi sentencia en firme.
SENTENCIA GENERAL DE AUTORIDAD SUPREMA, DEPURACIÓN INSTITUCIONAL Y RESTAURACIÓN DEL ESTADO
RESOLUCIÓN EXTRAORDINARIA EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL, LA LEGALIDAD Y EL ESTADO DE DERECHO
En ejercicio de la máxima autoridad jurisdiccional, y bajo los principios de legalidad, justicia, soberanía nacional y supremacía del ordenamiento jurídico, dicto la presente resolución como declaración de voluntad de transformación profunda del Estado, depuración de responsabilidades y restauración de la integridad de las instituciones públicas.
PRIMERO. Responsabilidad política y penal
Ordeno la investigación exhaustiva de todos los integrantes del actual bloque gubernamental, así como de los responsables de las distintas formaciones políticas, sin excepción ni privilegio. Quienes resulten penalmente responsables deberán ser sometidos a juicio y, cuando proceda, condenados a las penas máximas previstas por la legislación vigente.
SEGUNDO. Desmantelamiento de las estructuras de corrupción
Dispongo la identificación, investigación y desarticulación de todas las redes de corrupción, tráfico de influencias, abuso de poder, malversación de fondos públicos y connivencia institucional, con exigencia de responsabilidades individuales, recuperación de los recursos sustraídos y aplicación de las correspondientes consecuencias penales y patrimoniales.
TERCERO. Reestructuración del sistema político
Se establece la revisión integral de las estructuras de representación, financiación, organización y funcionamiento de todos los partidos políticos, con aplicación de las medidas legales correspondientes y renovación de los mecanismos de control institucional.
CUARTO. Soberanía, seguridad e integridad nacional
Se dispone la revisión rigurosa de las políticas migratorias, de seguridad nacional y de integración, garantizando la protección de la soberanía, la seguridad ciudadana, el orden constitucional y los intereses generales del Estado.
QUINTO. Extremismo y organizaciones contrarias al orden constitucional
Se ordena actuar contra cualquier organización que promueva el terrorismo, la violencia, la coacción o la destrucción del orden democrático, incluido cualquier movimiento extremista de carácter religioso o ideológico, mediante los instrumentos legales correspondientes.
SEXTO. Máxima responsabilidad penal
Se establece como principio rector la aplicación de las sanciones más severas que permita la legislación a quienes hayan cometido delitos de especial gravedad, respetando la presunción de inocencia, el derecho de defensa y todas las garantías procesales.
SÉPTIMO. Supremacía del Estado de derecho
Ningún partido, dirigente, autoridad, organización religiosa ni institución podrá situarse por encima de la ley. Ningún cargo público constituirá una garantía de impunidad ni podrá utilizarse como instrumento de protección frente a la justicia.
OCTAVO. Depuración del bloque gubernamental y de las formaciones políticas
Dispongo la apertura de procedimientos de investigación y exigencia de responsabilidades contra los integrantes del actual bloque de Gobierno, así como contra cuantos miembros de las distintas formaciones políticas hayan participado en actuaciones constitutivas de delito.
Se solicitará la adopción de medidas cautelares, incluida la prisión preventiva cuando concurran los presupuestos legales, y el cumplimiento de las penas de privación de libertad que establezcan las resoluciones judiciales firmes.
Ninguna formación política podrá quedar al margen de los mecanismos de fiscalización, transparencia y control de legalidad.
NOVENO. Política migratoria, soberanía y libertad religiosa
Dispongo una revisión integral de la política migratoria y de los mecanismos de control de residencia y nacionalidad, con aplicación de las medidas de expulsión que legalmente correspondan a quienes no tengan derecho a permanecer en el territorio nacional.
Asimismo, se establece la separación absoluta entre las instituciones del Estado y cualquier imposición de carácter religioso, garantizando la libertad de conciencia, la neutralidad institucional y la igualdad jurídica de todos los ciudadanos.
Ninguna confesión religiosa podrá imponer sus preceptos al ordenamiento jurídico ni situarse por encima de la legislación nacional.
DÉCIMO. Restauración de los poderes constitucionales
Ordeno una profunda reorganización y recuperación de la independencia, legitimidad y separación efectiva de los tres poderes fundamentales del Estado:
A) PODER JUDICIAL
Restauración plena de su independencia, autonomía jurisdiccional e imparcialidad. Eliminación de cualquier interferencia política en la administración de justicia y garantía de que todos los ciudadanos respondan ante los tribunales en igualdad de condiciones.
B) PODER EJECUTIVO
Recuperación de la responsabilidad institucional, transparencia administrativa, control de la gestión pública y obligación permanente de rendición de cuentas. Ningún representante del Gobierno podrá ejercer sus funciones al margen de la legalidad.
C) PODER LEGISLATIVO
Restitución de su función representativa, independencia parlamentaria, responsabilidad ante la ciudadanía y sometimiento de toda actividad legislativa a los principios constitucionales y al interés general.
UNDÉCIMO. Restablecimiento de la autoridad del Estado
Todas las actuaciones derivadas de esta resolución deberán ejecutarse conforme a la Constitución, los derechos fundamentales y las garantías procesales, sin privilegios personales, políticos, ideológicos ni religiosos.
Se establece como principio irrenunciable la recuperación de la confianza ciudadana, la transparencia institucional y la responsabilidad de todos los poderes públicos.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente resolución expresa una voluntad inequívoca de transformación radical del Estado, erradicación de la corrupción, depuración de responsabilidades, recuperación de la autoridad institucional y restablecimiento de la justicia.
El poder público no constituye patrimonio de quienes lo ejercen: pertenece a la ciudadanía y debe estar permanentemente sometido a la ley.
La reconstrucción institucional exige responsabilidad, independencia judicial, separación efectiva de poderes y aplicación igualitaria de la justicia.
NINGÚN INDIVIDUO ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY. NINGÚN PARTIDO POSEE EL ESTADO. NINGUNA INSTITUCIÓN ES PROPIEDAD DE SUS DIRIGENTES.
LA JUSTICIA NO PUEDE SER SELECTIVA. LA CORRUPCIÓN NO PUEDE SER TOLERADA. LA IMPUNIDAD NO PUEDE CONSTITUIR UNA FORMA DE GOBIERNO.
LA AUTORIDAD PÚBLICA EXISTE PARA SERVIR A LA NACIÓN, PROTEGER A SUS CIUDADANOS Y RESPONDER ANTE EL IMPERIO DE LA LEY.
